Esta área se encuentra bajo la responsabilidad de un profesional en Derecho, el cual reporta directamente a la Alcaldía Municipal.

• Brindar asesoría legal o emitir criterio sobre la aplicación de normas legales y disposiciones municipales, según solicitud de la Alcaldía u otras instancias municipales.
• Ejecución de las diferentes acciones judiciales requeridas por la Municipalidad.
• Representar a la Municipalidad ante las instancias administrativas y judiciales que corresponda, en función del asunto a ser tratado.
• Asesorar al Alcalde y al Concejo, así como a los demás órganos municipales.
• Plantear las acciones judiciales que se requieran en resguardo de los servicios e intereses municipales, así como realizar las defensas correspondientes a ese nivel, cuando la Municipalidad es demandada por diferentes personas.
• Emitir el criterio respectivo sobre los proyectos de Ley que trasladan directamente las comisiones de la Asamblea Legislativa y que mantienen relación con la gestión municipal y dinamizan la gestión local de acuerdo a la realidad imperante.
• Confeccionar los contratos y convenios que requiere suscribir la Municipalidad.
• Ejercer el control jurídico previo con relación a las distintas contrataciones administrativas, que promueve la Municipalidad y emitir el criterio en forma oportuna.
• Coadyuvar en la elaboración los reglamentos que requiera la Municipalidad para el otorgamiento de los distintos beneficios a sus trabajadores (dedicación exclusiva, disponibilidad, licencias de estudio) u otros de diversos tipos.
• Analizar y emitir criterio respecto a reclamos administrativos, así como en relación con recursos, apelaciones y otros que se interpongan contra actos emanados de las distintas instancias municipales.
• Gestionar a través de la Secretaria Municipal las certificaciones de expedientes de la personería jurídica del Alcalde y del Presidente.
• Asesorar a la administración municipal sobre las sentencias y resoluciones judiciales, provenientes de autoridades judiciales (Sala Constitucional) que son de acatamiento o revisión obligatoria para la Municipalidad.
• Brindar seguridad jurídica en los procedimientos de contratación administrativa.
• Revisar, analizar y documentar los expedientes en los distintos tribunales de la República, a fin de preparar defensas técnicas y legales para las acciones judiciales requeridas por la Municipalidad.